
El sistema de toma de decisiones del gobierno: el caso de las tarifas de gas | 27.09.16
La edición N°11 del informe estratégico “Calíbar el rastreador” publicó un artículo sobre las idas y vueltas del Gobierno en torno al precio de los servicios Hizo bien el gobierno en encarar el tema de la necesaria readecuación de las tarifas de los servicios públicos. Los subsidios explican casi el 5% del déficit público sobre PBI y, por lo tanto, buena parte de la expansión monetaria sin respaldo y de la consiguiente inflación que padecemos los argentinos. Tres puntos porcentuales del déficit se originan en los subsidios energéticos. Una herencia pesada del kirchnerismo que dejó al país sin energía. La reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia por la cual no avaló la decisión del Poder Ejecutivo que ordenaba el aumento tarifario del gas disparó interpretaciones, que pueden reunirse en dos grupos. Entre los que apoyan el fallo están los que sostienen que el gobierno actuó con soberbia, o con ignorancia o con viveza al tratar de sortear la obligación de la ley de realizar las audiencias públicas. Enfrente, se concentran los que defienden el accionar de la administración bajo el pretexto de que esa decisión es legal y legítima y absolutamente necesaria y urgente considerando el grave estado de los servicios públicos. Los análisis posteriores se han concentrado mayoritariamente en evaluar el impacto del fallo judicial y de los caminos que se abren a futuro. En este artículo exploramos algunas hipótesis sobre el sistema de decisión que utilizó el presidente Macri para manejar y sostener su decisión, el tipo de información que tuvo en cuenta para tomarla y su estrategia de comunicación. I. La explicación de lo que pasó hay que ir a buscarla al interior del gobierno, en la mesa chica que rodea al Presidente. No hubo restricciones institucionales salvo la que impuso el máximo Tribunal con su resolución que, como se sabe, forma parte del sistema de pesos y contrapesos propios de las democracias modernas. El gobierno tampoco ha encontrado problemas de gobernabilidad. En general, la oposición acompañó en el Congreso las iniciativas principales del Poder Ejecutivo. Como contraprestación, los gobernadores están bastante satisfechos por los adelantos que reciben del Tesoro de la Nación. Volviendo al tema que nos ocupa, es posible que el gobierno haya evitado convocar a las audiencias públicas para habilitar el aumento de las tarifas de gas para no exponer su decisión al escrutinio público. Primó la lógica de la comunicación por sobre la gestión. Se trató de una estrategia más que de una omisión, de acuerdo con la confirmación que obtuvimos de fuentes calificadas que rodean al Presidente. En la visión de los comunicadores del gobierno, las audiencias públicas hubieran provocado un debate abierto y la discusión sobre la política oficial en materia de servicios públicos. De esta manera, el gobierno propició una comunicación centrada en brindar información genérica a partir de mensajes unidireccionales, evitando posibles devoluciones o reacciones que hubieran provocado intercambios indeseables y, con ello, la división de las opiniones en este tema. El paradigma sostiene que hay que informar, no explicar, ni debatir. Lo llamativo es haber supuesto que esta estrategia tendría éxito, sobre todo luego de que los medios dieran a conocer numerosos casos en los que el monto de la facturación superaba ampliamente el tope del 500% anunciado previamente por el gobierno. El segundo factor explicativo del resultado fue la decisión oficial de poner como vocero a Juan José Aranguren. Dicha elección se basó en el supuesto de que el ministro, al conocer el tema, sería el más indicado para comunicarlo. No se tuvo en cuenta cómo comunica Aranguren. El ministro venía de acumular en muy poco tiempo un dilatado historial: había apelado al método del ensayo y error para justificar algunos tropiezos; y declaró que debía cumplir con una planilla Excel al avanzar en un nuevo aumento de los combustibles. Suponemos que un aprendizaje que sumará el gobierno es discernir entre el que sabe de un tema sensible y el que puede comunicarlo correctamente. La decisión de poner a Aranguren en la primera línea de la batalla mediática se relaciona con la opinión del Presidente. Macri valora sobremanera a su ministro. Lo considera un empresario exitoso, que sabe mucho de su tema y cuya gestión sólo está orientada a resultados. Destaca en él que no le gusta la política, que no hace concesiones, que es honesto, que no es político y que carece de emociones que lo distraigan de su deber. Algunos compañeros de gabinete lo denominan «el tecno-racionalista». Por su parte, los responsables de la comunicación del gobierno apoyaron la decisión de instalar como vocero a Aranguren creyendo que evitarían exponer a Macri en un tema altamente conflictivo. Tuvieron razón: mientras que la imagen positiva del Presidente oscila en torno del 50%, la de su ministro es superada ampliamente por la imagen negativa. II. La estrategia del gobierno también fue modelada por la calidad de la información que manejó la mesa chica. Macri decidió avanzar en su plan porque interpretó que la opinión pública aceptaría el tarifazo sencillamente porque las encuestas mostraban que había consciencia social de la necesidad de actualizar las tarifas. No se consideró que la población podría estar de acuerdo con ese enunciado general y, al mismo tiempo, oponerse a tener que pagar aumentos que consideraba excesivos, más aún si superaban groseramente el tope que se había anunciado. Además, de acuerdo con algunas filtraciones, el gobierno sostiene haber recibido indicios de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia avalaría su posición; enfrente dicen lo contrario. Esto explica porqué el gobierno dejó «la solución» del problema en manos del alto Tribunal (recordemos que el Poder Ejecutivo prefirió recurrir a la Corte en vez de darle una solución política). De esta manera, no solo quedaría resuelto el problema, sino que el costo político por autorizar el tarifazo recaería en el alto Tribunal. El gobierno desplegó una amplia campaña de comunicación destinada a legitimar políticamente una decisión favorable de la Corte Suprema que daba por segura y que finalmente no fue,
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